Desde Quintana Roo hasta Baja California se encuentran planes que depredaron zonas de manglar para hacer campos de golf y cuartos de hotel, señaló Exequiel Ezcurra, director del Instituto México Estados Unidos de la Universidad de California en Riverside.
Después de seis años de que en la Ley General de Vida Silvestre se prohibió talar los manglares, se trabaja en casos de restauración y siempre está la amenaza de que el Congreso de la Unión busque modificar esa norma, dijo por su parte Jorge López Portillo, presidente de la Sociedad Científica Mexicana de Ecología, uno de los organizadores del cuarto Congreso Mexicano de Ecología.
En la conferencia magistral que dio Ezcurra, quien fue presidente del Instituto Nacional de Ecología en el sexenio de Vicente Fox, recordó el proceso que se dio para lograr la conservación de los manglares; precisó que se requirió obtener información científica para argumentar la defensa de esta vegetación.
Apuntó que de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales, los manglares son propiedad de la nación, y lo que ha ocurrido en algunos casos es que se ha dado esa superficie a alguna empresa extranjera, ésta la privatiza para convertirla en algo productivo; después mueren manglares y el predio se saliniza. Esto se reproduce en todo el país, señala.
Casos en el territorio
El científico enumera casos como el de Felipe Carrillo Puerto, Yucatán, donde en la reserva de la biosfera de Sian Khan, en Quintana Roo, donde se hizo una carretera mal diseñada sin autorización de impacto ambiental, que provocó la muerte de manglares. En Sinaloa, zonas de manglar son ocupadas de manera creciente por la acuacultura. En Nopolo, Baja California Sur, un estuario de valor histórico fue convertido en campos de golf. Loreto Bay, empresa que consiguió estos permisos, promete dar uno por ciento de las ventas a los ambientalistas y consigue el silencio. El proyecto se construyó en una zona donde no hay agua. No se puede observar pasivamente la destrucción de ecosistemas sin emitir una opinión, señaló.
Recordó las dificultades que se dieron en la década pasada para definir una regulación que permitiera la protección de esta vegetación. Incluso mencionó que luego de que se aprobó la norma 022, que regulaba la posibilidad del cambio de uso de suelo de manglar, fue cuestionada por empresarios turísticos y cabilderos de grandes hoteleros.
Luego llegó Alberto Cárdenas a dirigir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con él Juan García de alba –como subsecretario–, quien dijo que cambiaría esa norma porque era una demanda del sector hotelero, y canceló la regulación.
En ese momento, detalló, nos dimos cuenta de que no hay ciencia; no teníamos argumentos fuertes para defender los manglares. Se hicieron los estudios y se encontró que por hectárea de manglar de franja costera se puede obtener la producción de pesquerías en mar abierto, y una hectárea vale 650 mil dólares en recursos pesqueros,
López Portillo, experto en esa vegetación, dijo que a partir de que se estableció el artículo 60 en la ley General de Vida Silvestre, con apoyo de la Comisión Nacional Forestal, en proyectos de restauración de manglares se han encontrado evidencias de que es muy caro realizar dicha labor. Además, los servicios ambientales que producen son muy abundantes: la protección de línea de costa, la formación de una barrera contra huracanes y fuente de alimentos de las pesquerías, entre otros.
Citó el caso de un colega que puso un desarrollo turístico detrás de los manglares y trazó canales; ahora allí la hectárea de esa vegación cuesta un millón de dólares, porque si se pierde esa superficie se pierde el atractivo del sitio. Usar los manglares como parte de un desarrollo es un reto, y sí se puede hacer, indicó.
Con información de La Jornada.
