Se incorporan delitos ambientales en el Código Penal


La Diputación Permanente del Congreso del Estado dio entrada una iniciativa que pretende reformar el Código Penal de la entidad para incorporar delitos ambientales.

Se trata de una iniciativa presentada por los diputados del PVEM, José de la Peña Ruiz de Chávez y Gabriela Medrano Galindo, y que plantean una mejor protección del medio ambiente. “Es necesario que las conductas que afectan gravemente el entorno ambiental, sean tipificadas en materia penal, y sean sancionadas con multas e incluso con prisión”, establece el documento.

Tipificando los delitos en materia ambiental, se fortalece la legislación vigente, llevando así un mayor grado de concientización al contar con la vinculación entre ellas y con la aplicación de sanciones idóneas, logrando con ello un beneficio colectivo y la procuración de mejores condiciones ambientales para las futuras generaciones.

De acuerdo a la propuesta, se pretenden establecer en el artículo 179 del Código Penal delitos contra el ambiente con penas de prisión de uno a nueve años, y multa de 50 a 800 días de salario mínimo, aunado a la suspensión, si quien incurre en el ilícito es un funcionario público, hasta por dos años para ejercer la actividad que derivó en la comisión del delito.

Cometerá delito ambiental quien provoque que se emita, despida o descargue en la atmosfera gases, humos, polvos o contaminantes, siempre que dichas emisiones provengan de fuentes fijas de competencia estatal o municipal; a quien arroje en aguas residuales líquidos químicos, desechos contaminantes en los suelos o subsuelos, aguas marinas o demás depósitos de jurisdicción local.

Se aplicara hasta 3 años más de prisión y multa económica hasta de mil días de salario mínimo, al que autorice, ordene o consienta la comisión de cualquiera de las conductas mencionadas, así como de uno a 12 años de prisión y multa de mil a diez mil días de salario mínimo, si la comisión del delito se realiza en áreas naturales protegidas.

La iniciativa también pretende incorporar la comisión del delito por quemas en las áreas rurales de la entidad, imponiendo una pena de prisión de entre ocho meses y seis años.

Se impondrá dicha pena de prisión “a quien sin tomar las debidas precauciones e informar previamente a las autoridades competentes, inicie quema o provoque un incendio que rebase los límites del terreno que posee y de lugar a un daño generalizado”.

La pena se incrementará al doble, al que ocasione incendio en bosques, paraqués, áreas forestales y áreas verdes de suelo urbano.

Al servidor publico que intervenga en la concesión, cambio de uso de suelo, afectación parcial o total de un área verde que genere beneficios ambientales y sea propiedad o esté a cargo del Estado o municipio, se le impondrá de uno a nueve años de prisión, y hasta 800 días de multa, así como la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para ocupar un cargo o empleo público.

Por otra parte, la iniciativa plantea que en materia penal se carece de una reforma que proteja y garantice el bienestar de los animales que viven en el entorno humano, de acuerdo con los principios naturales de respeto, protección y cuidado, lo que obliga a realizar las acciones legislativas que coadyuven en la protección de todas las especies animales con las que cohabita el ser humano.

Por esa razón el PVEM propone en su iniciativa reformas en materia penal para que se imponga una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de hasta 400 días de salario, a quien realice en perjuicio de un animal, ya sea de especie doméstica o silvestre: tortura, maltrato por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia; lleve a cabo sacrificios, provoque la muerte utilizando un medio que prolongue la agonía del animal, se realice mutilación orgánica sin el cuidado de un especialista en la materia, realice atropellamiento deliberado, prive de atención medica y sanitaria a un animal, y realice la comercialización y explotación de los mismos sin autorización correspondiente.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Puntos Legislativos y Técnicas Parlamentarias, y Medio Ambiente y Cambio Climático; para su análisis, discusión y posterior dictamen.