Destruir manglares, la primera tarea legislativa de PRI y PVEMAlejandro Olivera
26 de julio de 2009
Con la conformación de 61 Legislatura de la Cámara de Diputados, donde el PRI obtuvo la mayoría absoluta y pactó una alianza con el Partido Verde, hoy más que nunca los manglares se encuentran amenazados.
Y es que el diputado electo por el distrito 3 con cabecera en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, ex presidente municipal de Playa del Carmen y ex secretario de Turismo de ese estado, el priísta Carlos Joaquín González, anunció ya que su primera tarea legislativa es modificar el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), el cual protege a los manglares.
Lo irónico es que el diputado electo ganó a través de la alianza Primero México, conformada por PRI-PVEM, y que el “gran logro” presumido y defendido una y otra vez por el PVEM es justamente la aprobación de dicho artículo.
Esta contradicción parece no importarle al Partido Verde, pues cuando el priísta Carlos Joaquín González fue funcionario de Quintana Roo, se pronunció en desacuerdo con el ya famoso artículo 60, además de que como edil avaló irregularidades en la venta de un basurero en Playa del Carmen para beneficiar a la empresa Vive Riviera Maya. A pesar de estos antecedentes, el Partido Verde pactó la alianza por el distrito 3, uno de los que sufren la mayor depredación ambiental del país.
El hoy diputado federal electo busca ser integrante de la Comisión de Turismo y ya tiene su primera tarea (derogar la protección al manglar) comenzada: sólo tiene que retomar lo que sus compañeros de la 60 Legislatura le dejaron: dos iniciativas de contrarreforma al 60. Una de ellas presentada en diciembre pasado por el priísta Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, diputado también por Quintana Roo, y la otra presentada por Rogelio Rueda Sánchez, senador priísta por Colima, en enero de este año. Evidentemente, aquí estamos hablando no de representantes populares sino de representantes del sector turístico.
La iniciativa del senador Rueda Sánchez pretende modificar la LGVS y vincularla con una reforma al artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de exceptuar discrecionalmente “del requisito de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aquellas obras y actividades en manglares cuya utilidad pública, y aportación al desarrollo económico nacional o regional, sean evidentes y manifiestos”, además de establecer esquemas de compensación. La “iniciativa Abuxapqui” pretende lo mismo: exceptuar de MIA “obras que signifiquen el desarrollo económico y social de una región”... o sea que hasta un campo de golf podría caer en este supuesto bajo la discrecionalidad de las autoridades.Eliminar la MIA significaría dar un cheque en blanco para arrasar con los manglares y los innumerables beneficios que nos proporcionan.
Otra muestra de cómo el Partido Verde está dejando de lado —aún más— su raquítica agenda ambiental es el nombramiento de Juan José Guerra Abud, un ex priísta cercano a Peña Nieto, como nuevo coordinador de su grupo parlamentario. Guerra Abud estuvo en el gabinete de César Camacho Quiroz en el estado de México y fue operador de la precampaña a la Presidencia de Arturo Montiel en el 2000, además de que aportó dinero a la candidatura presidencial de Labastida. Jorge Emilio González Martínez nombró por lo menos otro vicecoordinador del grupo parlamentario verde que nada tiene que ver con lo “verde”: Pablo Escudero Morales (yerno de Manlio Fabio Beltrones).
Con esto queda claro que aunque el Verde “presuma” su acérrima defensa de los manglares a través del artículo 60, al ser un grupo parlamentario controlado por el PRI de los intereses turísticos, los manglares serán la primera víctima y seguramente no harán nada para defender a este importante ecosistema. Y esto bajo el patriótico pretexto de promover inversiones privadas a costa del medio ambiente y las comunidades e ignorando el hecho de que después de que entró en vigor el artículo 60 de la LGVS, en febrero de 2007, las inversiones turísticas se incrementaron en México, como lo demuestra el padrón nacional de la Secretaría de Turismo, que en su reporte 2007-2008 reconoce un aumento de proyectos en destinos de playa como la Riviera Nayarit, Mazatlán, Acapulco y Quintana Roo.
En ese periodo las inversiones crecieron de mil 938 mdd en septiembre de 2007 a 3 mil 291 mdd en el mismo mes de 2008. Además, la inversión en los desarrollos turísticos inmobiliarios creció 8.27% de 2007 a 2008. Sólo en Quintana Roo la inversión creció de 785 mdd a mil 230 mdd en ese periodo, todo ello con una legislación vigente de protección al manglar.
Tumbar la protección al manglar significa incrementar la vulnerabilidad de Quintana Roo y del país ante los efectos del cambio climático. Tumbar el manglar significa también repetir el desastre que hoy es la Riviera Maya, donde las playas están siendo erosionadas debido a la construcción encima de dunas costeras y manglares.
Y es que cuando el manglar se pierde, perdemos todos: los habitantes de las costas, el sector turístico, los ecosistemas marinos y la sociedad en general. ¿Es posible que los legisladores con intereses particulares (imposible llamarlos “representantes populares”) comprendan esto? ¿Privilegiará el Verde su “logro” o su alianza? ¿Le dará el maquillaje verde para tener coherencia en este tema? Estas son las preguntas que en este Día Internacional por la Defensa de los Manglares están en el aire...
Coordinador de campañas de Greenpeace México
